.............   EL PROCURADOR:
.......EVOLUCION HISTORICA
 


  ...I.   Derecho romano
.....II.  Derecho visigodo
.....III. Edad Media
..   IV. Edad Moderna
     V.  El siglo XIX


I. Derecho romano

Los orígenes del procurador se sitúan en Roma. En un primer estadio del derecho romano, bajo el sistema denominado de las legis actionis, los litigantes debían, salvo contadas excepciones, comparecer por sí mismos en el proceso. 

Posteriormente, con el establecimiento del procedimiento formulario se generalizó la figura del representante procesal, llamado Cognitor, remoto precedente del actual Procurador de los Tribunales. Su aparición obedeció a razones puramente prácticas, principalmente la imposibilidad de acudir directamente al proceso, y su nombramiento era voluntario.

Junto al Cognitor coexistió el Procurator, con funciones diferentes. El Procurator, persona de confianza del dominus y habitual en las casas romanas acomodadas, tenía encomendaba la administración del patrimonio en su ausencia. 

Durante un tiempo ambas figuras coexistieron: El Cognitor siguió ostentando la representación procesal en tanto que el Procurator la representación patrimonial. En la época justinianea el Procurator asumió las funciones del Cognitor, desapareciendo éste. 

El Corpus Iuris Civilis de Justiniano se refirió al Procurator, distinguiendo tres clases: El Procurator omnium rerum (administrador de patrimonios), Procurator unius rei (para un asunto determinado) y Procurator ad litem (representante procesal).
 


II. Derecho visigodo

La caida del Imperio Romano y consiguiente invasión de los pueblos germánicos no conllevó, sin embargo, la supresión absoluta del Derecho romano, mucho más evolucionado que el germánico. Es más, en un principio el pueblo ocupado continuó rigiéndose por el Derecho romano, en tanto que a los visigodos se les aplicaba su  derecho consuetudinario. Posteriormente, este derecho consuetudinario visigótico (costumbres) fue recogido en códigos, como el Código de Eurico o el Código de Leovigildo. Con el tiempo, el Derecho visigodo terminó siendo de aplicación a todos por igual. 

Especial trascendencia tuvieron el Breviario de Alarico o Lex Romana Visigothorum (506), que fue una compilación de las fuentes más importantes del Derecho romano, y, sobre todo, el Liber Iudiciorum o Lex Visigothorum, que fue una compilación de normas visigóticas promulgada en el año 654 por Recesvinto. Con el Liber Iudiciorum se unificó definitivamente el Derecho para godos e hispanorromanos.

Durante la etapa visigoda, la representación procesal estuvo encomendada al  Prosecutor, también llamado Mandatarius o Adsertor, quien, a diferencia del Procurator romano, obtenía una remuneración por su cargo y podía actuar tanto en causas civiles como criminales. 

La representación procesal era, al igual que en el Derecho romano, de carácter voluntario, salvo para el Rey, el príncipe y los obispos u otras altas dignidades, quienes debían necesariamente acudir al proceso por medio de representante (Prosecutor), con el objeto de evitar que su intervención directa pudiera influir en los jueces y en la correcta administración de justicia.
 


III. Edad Media 

El fin de la hegemonía visigótica en España vino de la mano de la invasión musulmana. Durante la presencia árabe en territorio español, que abarcó la etapa histórica conocida como Edad Media, convivieron dos culturas dispares -la musulmana y la cristiana-, con su correspondiente reflejo en los modos de administrar justicia.

En la España musulmana, el Libro de Aljoxaní estableció que la delegación en procurador sólo era posible para personas de alto rango.

En la España cristiana surgida tras el fin de la era visigótica, cuyas fronteras variaban constantemente según el avance o retroceso de la reconquista, se vivieron dos épocas sumamente diferenciadas en todos los ámbitos: La Baja y la Alta Edad Media. 

En el ámbito jurídico, la Baja Edad Media estuvo caracterizada por la costumbre y por los modos espontáneos de impartir justicia, situación en la que apenas tenía cabida el procurador. 

La Alta Edad Media, por el contrario, se caracterizó por la regulación del derecho a través de normas escritas, como el Fuero Juzgo (siglo XIII), versión romance de su predecesor visigótico el Liber Iudiciorum, que regulaba la figura del Personero (heredero del procurator), denominación que permanecerá hasta el Ordenamiento de Alcalá de 1348. Pese al cambio de denominación respecto del Derecho visigótico, el Personero del Fuero Juzgo tiene similiares funciones y limitaciones que el Prosecutor visigodo del Liber Iudiciorum. Al fin y al cabo, aquél era una mera adaptación de éste. 

Hito histórico en el campo jurídico fue la obra de Alfonso X el Sabio, materializada en textos como el Fuero Real, Las Leyes de Estilo, el Espéculo y Las Siete Partidas. Los contornos de la figura del Personero se fueron perfilando a través de los sucesivos códigos del Rey Sabio, hasta llegar a su obra más importante, Las Siete Partidas, texto que configuró un verdadero estatuto jurídico de la profesión de representante procesal. Concretamente, la Partida Tercera, Título V (“De los Personeros”), estableció las siguientes obligaciones y limitaciones de los Personeros:

1. Representantes: Podían ser Personeros los varones mayores de 25 años y en 
    pleno uso de las facultades mentales.

2. Representados: Podían nombrar Personero, con carácter general, los mayores 
    de 25 años, libres y en pleno uso de las facultades mentales.

3. Prohibiciones: Determinadas personas no podían ser Personeros, como los 
    religiosos, los caballeros fronterizos o los caballeros al servicio del Rey. Por 
    razones de incompatibilidad no podían ser Personeros los Escribanos, los 
    Juzgadores y los Adelantados.

4. Preceptividad: Determinadas personas debían necesariamente acudir a juicio 
    representadas por Personero, como el Rey y los Obispos (como ya sucedía en 
    el Derecho visigodo), extendiéndose esta obligación a Señores, al Gran 
    Comendador ,a los Maestres, a los ricos hombres, etc. 

5. Formas de apoderamiento: El nombramiento de Personero se hacía mediante 
    carta de personería, también llamada mandato o poder. Si el nombramiento se
    hacía por escrito, podía efectuarse ante el Escribano del Concejo, ante 
    cualquier Escribano del Rey o ante el Juzgador (precedente del actual poder 
    “apud acta”).  La carta de personería, a semejanza del poder notarial para 
    pleitos que hoy en día se otorga, podía ser general para todos los juicios, o 
    especial para uno determinado,  y debía incluir una serie de menciones como el
    nombre del representado, el nombre del Personero y los límites de actuación.

6. Extinción: Se establecían diversas causas de extinción, tales como la 
    revocación del poder, la muerte del Personero o del representado, en caso de
    sentencia firme en el pleito o por causas ajenas a la voluntad del Personero. 

A partir de la obra del Rey Sabio, el oficio de representante procesal se consolidaría definitivamente, delimitando sus funciones y características. 

En 1348 el Ordenamiento de Alcalá denominó por primera vez al representante procesal como Procurador, término que continúa vigente en la actualidad.

Es a finales de la Alta Edad Media, con la articulación de las profesiones a través de gremios o asociaciones, cuando aparecen los precedentes remotos de los Colegios de Procuradores, configurados entonces como cofradías por su advocación religiosa. El primero fue el de Zaragoza (1396).
 


IV. Edad Moderna

La invención de la imprenta trajo consigo la reproducción a gran escala de los textos jurídicos, lo que facilitó la difusión del conocimiento.

En este época se promulgaron numerosos códigos legislativos (las más de las veces fueron recopilaciones de normas dispersas), destacando entre ellos el Ordenamiento de Montalvo, las Leyes de Toro y la Nueva Recopilación.

El interés público del oficio de procurador adquirió relevancia a partir de los Reyes Católicos, quienes, en las Ordenanzas de Medina del Campo de 1489 y en las Ordenanzas de Madrid de 1495, establecieron el sistema de numerus clausus y la necesidad de pasar un examen de capacidad para ejercer la representación en Audiencias (es decir, en Tribunales superiores). 

Durante el reinado de Isabel y Fernando, y de sus sucesores Carlos I y Felipe II, se generalizó la obligatoriedad de intervenir en las Audiencias por medio de procurador (antes sólo era preceptivo para reyes, obispos y otras personas de elevado rango); se sustituyó la carta de personería por un poder de representación otorgado mediante escritura ante escribano público; se introdujo la necesidad de bastantear el poder por un abogado, con el fin de evitar falsos procuradores; se determinó la retribución por tasas; se instituyó la territorialidad del procurador, esto es, la obligación de residir en el lugar donde se ejercía la profesión; se impuso la obligación de asistir diariamente a las Audiencias; se perfiló la responsabilidad profesional del procurador. En fin, a lo largo de este período se fue definiendo la profesión de procurador tal como se la conoce hoy en día, afianzando la separación entre la defensa (abogado) y la representación procesal (procurador).

Con la introducción del sistema de numerus clausus, es decir, la limitación del número de personas que podían ejercer de procurador, la profesión pasó a ser un “oficio enajenado” que concedía el rey a cambio de importantes sumas de dinero; oficio que podía ser cedido a otras personas. Esta mercantilización del cargo se prolongó, como luego veremos, hasta que en 1870 la Ley Provisional sobre Organización del Poder Judicial derogó el sistema de numerus clausus (reinstaurado temporalmente entre 1934 y 1947).

También en esta etapa histórica se aprobaron los primeros aranceles para cada tipo de actuación, aunque fragmentados por territorios (Aragón, Valencia ..). La uniformidad de los honorarios procuratoriales tuvo lugar en 1782, cuando el Real Consejo de Castilla elaboró un arancel general único para todos los procuradores de España. 

En esta época se fueron organizando los procuradores en colegios, como el de Barcelona en 1512 y  el de Madrid en 1574.


V. El siglo XIX

El siglo XIX se caracterizó por los vaivenes legislativos, fruto de la alternancia política entre conservadores y liberales. Respecto del procurador, en este período se mantuvo la limitación de acceso a la profesión (numerus clausus), se actualizaron y generalizaron los aranceles y se estableció su preceptividad salvo en asuntos de menor importancia. 

La Novísima Recopilación, compendio de normas dictadas en el Antiguo Régimen promulgado en 1805 bajo el reinado de Carlos IV, mantuvo el viejo sistema del numerus clausus.

En cuanto a la comparecencia en juicio, la Ley de Enjuciamiento sobre los negocios y causas de comercio, de 24 de julio de 1830, exigió la intervención de procurador en dos supuestos: Cuando no se tenía domicilio en el lugar del juicio y en los Tribunales superiores.

Fue el Reglamento Provisional para la Administración de Justicia, en relación con la Real Jurisdicción Ordinaria (RD de 26 de septiembre de 1835), el que estableció la obligatoriedad del procurador en todo tipo de Tribunales, a excepción de los Jueces de Paz (jueces que conocían de asuntos de escasa entidad).

En relación con las Audiencias, la Ordenanza aprobada por RD de 19 de diciembre de 1835, mantuvo el sistema de numerus clausus, los requisitos de aptitud y el examen de ingreso, y estableció determinadas obligaciones para el procurador, como la asistencia diaria a la Audiencia, la obligación de bastantear los poderes, de adelantar los gastos del proceso y la llevanza de varios libros de registro. 

Tratándose de Juzgados de Primera Instancia, el Reglamento de 1 de mayo de 1844 ratificó la obligatoriedad (recogida por primera vez en el citado Reglamento Provisional de 1835) de comparecer por medio de procurador en esta clase de Tribunales, jerárquicamente inferiores a las  Audiencias; mantuvo el sistema de numerus clausus y las condiciones de aptitud, salvo el examen de ingreso; y exigió por primera vez la constitución de fianza previa el ejercicio de la profesión.

En 1855 se aprobó la primera Ley de Enjuiciamiento Civil, la cual universalizó la obligatoriedad de comparecer en juicio a través de procurador en todo tipo de procesos (recordamos que fue el Reglamento Provisional de 1835 el que extendió tal obligación a todo tipo de Tribunales, salvo Juzgados de Paz). Entre las obligaciones del procurador, la LEC de 1855 estableció la de seguir el juicio mientras no hubiera cesado en el cargo, incurriendo en responsabilidad en caso de actuación negligente, la de pagar todos los gastos ocasionados a su instancia, y la de realizar todo lo necesario para la defensa del cliente.

Tras la aprobación de la Constitución de 1869, la Ley Provisional sobre Organización del Poder Judicial de 1870 reiteró la obligación de comparecer por medio de procurador y, como novedad, estableció el deber de organizarse en Colegios Profesionales. También universalizó la prestación de fianza, que ya era obligatoria para ejercer en Juzgados de Primera Instancia (Reglamento de 1 de mayo de 1844, ya citado). Esta norma supuso un hito importante en la historia del procurador, dado que suprimió el sistema de numerus clausus, dando paso al acceso libre a la profesión de procurador (luego veremos que entre 1934 y 1947 se reestableció la limitación numérica para ejercer la profesión).

Consecuencia de la apertura de la profesión de procurador a toda la sociedad fue la instauración de requisitos de acceso: titulación, exámenes de ingreso, pasantía, etc. Se llegó incluso a crear un Registro de Aspirantes, por Real Orden de 24 de enero de 1893, para controlar la realización de prácticas previas al ejercicio de la procura. 

En 1881 se promulgó la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) que ha estado vigente durante más de un siglo (hasta principios del 2001). Esta norma consagró definitivamente la obligación de comparecer en juicio por medio de procurador, estableciendo una serie de excepciones en asuntos de orden menor. 
 

 

HOME